Cuando se cumplen dos años del llamado Portal de la Transparencia y Buen Gobierno que La Moncloa puso en marcha con gran alarde propagandístico de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el blindaje de los datos sobre los gastos de la Monarquía es absoluto. La mayor parte de las 167 solicitudes de información al respecto han sido desestimadas. Y las tramitadas han topado con la negativa de los responsables gubernamentales a dar información. El argumento es que el gasto del rey Felipe VI y su familia en seguridad, coches, aviones o calefacción afecta a la seguridad nacional. Incluso el coste de la acuñación y distribución de las monedas con la efigie del nuevo rey es secreto porque puede afectar a los intereses económicos y comerciales del país.
Un
ciudadano pregunta –y no es fácil poder preguntar– a través del Portal
de la Transparencia: “¿Cuál es el gasto de la Casa Real que asume el
Ministerio de Defensa (seguridad, protocolo…)?” Y el Gobierno le
contesta que “la información específica (guardia militar y escoltas)
pudiera afectar a la eficacia de los dispositivos y poner en riesgo a
las personas protegidas”. Por tanto, deniega el acceso a la información
solicitada.
Otro
ciudadano pregunta: “¿Cuántos efectivos policiales están destinados a
la seguridad de la Casa Real y cuál es el catálogo de puestos de
trabajo?” Y el Gobierno le contesta que no se lo puede decir. Otro
ciudadano pregunta: “¿Cuánto nos cuesta la seguridad de los duques de
Palma?” Es decir, de la infanta Cristina de Borbón, su marido Iñaki
Urdangarín y sus hijos. Y el Gobierno contesta que no quiere contestar.
La
primera de estas tres respuestas negativas corresponde al Ministerio de
Defensa, del que es titular Pedro Morenés Eulate. Concretamente dimana
del jefe de la Unidad de Información y Transparencia, que para eso
existe. Y las otras dos proceden del Ministerio del Interior y están
firmadas por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez
Vázquez, quien no olvida añadir que si no está conforme con la
respuesta, tiene dos meses para recurrir por la vía de lo
contencioso-administrativo.
Otro
ciudadano pregunta: “¿A cuánto asciende el gasto anual en seguridad de
los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz? También lo que se gasta al año en
agua, luz y calefacción en La Zarzuela”. Y el Gobierno interpreta la
pregunta como le da la gana y le responde que “la difusión de la
información relativa a la estructura, organización, medios y técnicas
operativas de los servicios de seguridad pone en riesgo a las personas
protegidas”. No era eso lo que el ciudadano preguntaba, pero tanto da. Y
en lo atinente al gasto en calefacción y demás, pregunte usted a la
Presidencia del Gobierno, le dicen.
Varios
universitarios solicitan formalmente al Ministerio de Defensa la
información relativa al gasto de este departamento referido al
mantenimiento de la Casa Real desde el año 2010 al 2015. Y obtienen la respuesta
de que no se lo pueden decir “por razones de seguridad”. Menos mal que
los decepcionados estudiantes pertenecen a la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid. Pero su esfuerzo no ha sido en balde. Ahora saben algo
más: que con conocer el nombre del coronado y sus familiares para
bautizar calles, hospitales, universidades y buques de guerra, ya es
suficiente.
Otro
ciudadano pregunta cuál ha sido el coste de producción y distribución
de la nueva moneda de un euro, acuñada con la efigie de Felipe VI. Pero
desvelar ese dato sería tanto como “infligir un perjuicio a los
intereses económicos y comerciales”, según se lee en la respuesta del
director general de la Real Casa de la Moneda, Jaime Sánchez Revenga.
Cuestión distinta es, por ejemplo, si preguntaran el coste del despacho
habilitado para el rey emérito, Juan Carlos I, en el Palacio Real de
Madrid. El ciudadano que se interesó por el asunto obtuvo la cuantía,
aproximadamente la mitad de los 222.391 euros que ha costado la
restauración del Patio de las Damas del palacio.
Ni escuchas ni ‘operación Chamartín’
Los
ciudadanos se han vuelto exigentes, cada día toleran menos el
nepotismo, los gastos superfluos y el derroche de los poderes
extractivos. La corrupción política es la segunda preocupación de la
gente, que asiste sobrecogida al uso del poder para el latrocinio y el
enriquecimiento de los poderosos, con testaferros y sin ellos. Los datos
oficiales sobre sueldos, contratos públicos y presupuestos, disponibles
en el Portal de la Transparencia a partir de la obligada inserción en
el BOE, son tan interesantes como conocidos. Pero cuando los ciudadanos
intentan profundizar y piden acceso a información que pueda resultar
inconveniente o reflejar abusos de poder, reciben un portazo en las
narices del Portal de la Transparencia.
Así,
por ejemplo, un ciudadano se interesa por la estadística de los
pinchazos telefónicos y telemáticos que realizan las fuerzas de
seguridad del Estado y el director general de la Guardia Civil en este
caso, Arsenio Fernández de Mesa,le responde
que esa información “supondría un peligro para la seguridad pública y
la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales,
administrativos o disciplinarios”. En realidad, el principal peligro
devendría del contraste de los datos reales con las intervenciones
–“preventivas” incluidas– autorizadas por los jueces.
Un
ciudadano pregunta si los familiares de los ministros y altos cargos
–también de los periodistas que viajan con el presidente del Gobierno y
otras autoridades– pagan los billetes en los aviones oficiales del Grupo
45 de la Fuerza Aérea, destinados al efecto. Y la respuesta, lejos de reconocer la realidad del gratis total,
atribuye el gasto de las idas y venidas del jefe del Gobierno, la
Familia Real y del titular de Defensa, al presupuesto anual del Ejército
del Aire.
Otro
ciudadano pide acceso a la documentación por la que hemos de pagar más
de 2.000 millones de euros a la filial gasista de la empresa privada
ACS, que preside Florentino Pérez, por el telúrico fracaso del proyecto
Castor de almacenamiento de gas, pero el Gobierno se la deniega. Otro
pide acceso al contrato entre Renfe, Adif y la entidad Desarrollo
Urbanístico Chamartín, S.A., pero el Ejecutivo también se lo deniega, a
pesar de que se trata de una operación urbanística multimillonaria sobre
suelo público.
Suma
y sigue. Otro ciudadano solicita aclaración sobre la norma legal que
autoriza las “devoluciones en caliente” de los inmigrantes que consiguen
saltar las vallas de Ceuta y Melilla. En este caso logra consigue que
el departamento del ministro en funciones Jorge Fernández Díaz le
conteste que “ese concepto no se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico”.
Sin embargo, lejos de reconocer la ilegalidad del procedimiento
policial, aclara: “Cabe entenderlo como el rechazo en frontera”. Y si no
cabe, tanto da. Y por supuesto, “no hay recuento estadístico oficial al
respecto”.
Lo
que no acaba de entender el ciudadano que pregunta por la amnistía
fiscal decretada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es por
qué podemos conocer que el exdirigente del Sindicato Minero Asturiano de
la UGT, José Ángel Fernández Villa, regularizó un millón de euros y
hemos de seguir sin conocer los nombres y cantidades de los demás
defraudadores. La respuesta del consabido secreto fiscal confirma el
malicioso manejo de la información desde el poder.
Luego
ya, las dificultades de acceso al Portal de la Transparencia y el
cúmulo de respuestas que demuestran que cuanto más grave es el asunto,
más lo tapan, explica el fracaso de la panacea, un portal y un consejo
de notables que cuesta 2,9 millones de euros este año: 1,2 en personal y
el resto no se sabe. Ese fracaso queda reflejado en la ridícula cifra
de 3.959 solicitudes de información en dos años.
De
esas solicitudes se han “inadmitido” 882, denegado 122 y provocado 155
desestimientos en el mes de tramitación. De las 229 reclamaciones al
Consejo de la Transparencia, órgano gubernamental, se han rechazado más
de la mitad: 121. El resultado es satisfactorio para las excepciones de
la ley de transparencia de 2013 y su espíritu, según el cual, pueden
saber casi todo de nosotros sin que nosotros podamos saber casi nada de
ellos por más que cuatro millones de ciudadanos hayan clicado alguna vez
en la mencionada web de La Moncloa.
Luis Díez | Cuarto Poder
Fuente: www.cuartopoder.es
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