Cuando se cumplen dos años del llamado Portal de la Transparencia y Buen Gobierno que La Moncloa puso en marcha con gran alarde propagandístico de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el blindaje de los datos sobre los gastos de la Monarquía es absoluto. La mayor parte de las 167 solicitudes de información al respecto han sido desestimadas. Y las tramitadas han topado con la negativa de los responsables gubernamentales a dar información. El argumento es que el gasto del rey Felipe VI y su familia en seguridad, coches, aviones o calefacción afecta a la seguridad nacional. Incluso el coste de la acuñación y distribución de las monedas con la efigie del nuevo rey es secreto porque puede afectar a los intereses económicos y comerciales del país.
Después del desahucio de la ILP por parte del Partido Popular,
la PAH no se queda de brazos cruzados. No podemos permitírnoslo. Las
medidas de la ILP son más necesarias que nunca, por eso, la PAH hace
público un protocolo de la campaña la Obra Social de la PAH, un manual de desobediencia civil de 25 páginas con información práctica sobre cómo realojar familias
mediante alguna de las dos vías contempladas en esta campaña: Las
ocupaciones individuales en las viviendas de las que hemos sido
desahuciados y las recuperaciones de bloques enteros propiedad de la
banca.




